Declaración de Montevideo de jóvenes feministas activistas de América Latina y el Caribe (Marzo 2011)

Declaración de Montevideo de jóvenes feministas activistas de América Latina y el Caribe (Marzo 2011)

Nosotras, jóvenes feministas activistas de América Latina y el Caribe nos reunimos en Montevideo, Uruguay entre los días 18 y 21 de marzo del 2011 en la Consulta Regional y Capacitación para el Fortalecimiento e Incidencia en justicia de género, económica y ecológica convocada por Alternativas para el Desarrollo de las Mujeres en la Nueva Era (DAWN) y la Oficina de Educación y Género (GEO) del Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE). En este espacio construimos colectivamente la siguiente declaración:

 Reconocemos la realidad dinámica y compleja de nuestra región, donde coexisten gobiernos neoliberales y progresistas, donde los derechos humanos y particularmente los de las mujeres han sido limitados por fuerzas conservadoras, y donde las desigualdades materiales continúan ampliándose entre géneros, raza/etnias, y clases.

 Reconocemos que el actual modelo imperante de crecimiento y desarrollo basado en la mano invisible del mercado que la mayoría de nuestros gobiernos conoce, practica y promueve, ha fracasado. Rechazamos estos modelos que se basan en el extractivismo y los patrones de producción y consumo actuales, que no contemplan una visión integrada del desarrollo, sino que por el contrario, profundizan las desigualdades sociales y la insostenibilidad ambiental. Estos son a su vez, modelos heteronormativos, racistas y colonialistas entre cuyas consecuencias económicas se manifiesta la discriminación laboral, la falta de acceso a la seguridad social y a una educación de calidad por parte de personas afrodescendientes, indígenas, migrantes, homosexuales, lesbianas, transexuales e intersexuales. Las crisis sistémicas en nuestra región ocurren en un contexto de profunda disparidad entre el Norte y el Sur globales, cuyo telón de fondo es la división internacional del trabajo históricamente injusta, que se refleja en la división sexual del trabajo de la economía global de los cuidados.

Resistimos la financiarización, mercantilización y privatización de la naturaleza y condenamos el uso y difusión de las tecnologías que ponen en peligro el bienestar de la Madre Tierra, y que son una falsa solución a la crisis  climática. Estas incluyen: los agrocombustibles, los organismos genéticamente modificados, la nanotecnología y la geoingeniería, así como los mecanismos de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REED+[1]), las plantaciones de monocultivos y otros megaproyectos. También  rechazamos el desarrollo y generación de energía nuclear que no representa una solución a la reducción de gases de efecto invernadero y que por el contrario ostentan un riesgo serio para la subsistencia de todas las formas de vida en el planeta.

Creemos que el contexto anteriormente mencionado exige una reformulación radical de las políticas y prácticas de desarrollo.  En la medida en que la calidad de la democracia depende de la participación igualitaria entre mujeres y hombres, incluyendo la participación de las y los jóvenes en los espacios de toma de decisión, nosotras jóvenes activistas feministas de América Latina y el Caribe proponemos el siguiente plan de acción de 12 puntos:

1.Exigimos que los gobiernos garanticen la participación activa de mujeres y jóvenes en los procesos de búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que de respuestas a las diversas problemáticas que hoy tenemos que enfrentar producto de las crisis financiera, política, climática, alimentaria, energética y de cuidados. Esta participación es crítica para el fortalecimiento de la autonomía y libertad de los pueblos para definir su presente y futuro.

2.Exigimos a nuestros gobiernos el reconocimiento constitucional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ecológicos, y la creación de los mecanismos idóneos para su justiciabilidad. Además, demandamos una política social integral que redistribuya equitativamente el poder, los recursos, los ingresos y los servicios, atendiendo las diferencias de sexo, etnia, raza, clase, orientación sexual, generacional, discapacidad y creencias.

3.Reafirmamos la importancia de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el Consenso de Quito[2] (2007) que han sido producto de las luchas de las mujeres por la justicia. Exigimos la formulación de políticas nacionales y mecanismos para su cumplimiento.  

4.Exigimos el reconocimiento y la cuantificación  del trabajo de las mujeres en todas las modalidades (remuneradas formales e informales, precarias y no remuneradas), valorando el aporte significativo de las mujeres al sistema económico así como a su propia calidad de vida y dignidad.

5.Demandamos el acceso universal a la seguridad social, el desarrollo de servicios públicos de cuidados para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores sin importar su orientación sexual, así como la ejecución de políticas dirigidas a la redistribución equitativa del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y varones.

6.Exigimos el reconocimiento de las familias homoparentales en los sistemas estadísticos nacionales y las políticas públicas de la región.

7.Exigimos la plena vigencia de los Estados Laicos, el reconocimiento y la garantía de la salud y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así como la despenalización y legalización del aborto, para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres a tomar decisiones libres e informadas sobre su maternidad y evitar las muertes por abortos clandestinos.

8.Exigimos el cumplimiento por parte de los gobiernos de la CEDAW[3], la Convención de “Belem Do Pará”[4] y la Convención y protocolos de Palermo[5], como mecanismos de prevención y erradicación de todo tipo de discriminación, desigualdad y violencia hacia la mujer. Los gobiernos deben prestar especial atención al combate de la trata y tráfico de mujeres, y  del feminicidio. Los altos índices en la región de estas problemáticas demuestran la falta de voluntad política para combatir estas realidades que afectan la vida de niñas y mujeres. Los gobiernos deben también garantizar la erradicación de todo tipo de violencia y fundamentalismos, basados en ideas misóginas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas asegurando la integridad y autonomía de los cuerpos, especialmente los de las mujeres.

9.Demandamos la creación de un Tribunal de Justicia Climática de América Latina y el Caribe que establezca responsabilidades por las consecuencias del cambio climático y la deuda ecológica incurrida por los países desarrollados , y que incluya programas de financiamiento para las comunidades más afectadas, priorizando a las mujeres.

10.Nosotras afirmamos que nuestro planeta es un ente vivo con derechos y espíritu y en éste sentido, hacemos un llamado para el diálogo ciudadano a fin de construir colectivamente el principio del  “Buen Vivir” como alternativa necesaria para lograr el respeto por los derechos humanos de los pueblos en armonía con los derechos de la Madre Tierra.

11.Convocamos a movilizarnos y actuar contra la militarización, las políticas armamentistas-imperialistas, gobiernos dictatoriales y a solidarizarnos con las crisis sociales, ambientales y humanitarias, para el pleno respecto de los derechos humanos de los pueblos, especialmente  de Honduras, Haití y Japón.

12. Hacemos un llamado al diálogo y la articulación entre movimientos sociales, en particular con las mujeres jóvenes en toda su diversidad para participar e incidir en los procesos políticos, sociales, económicos y ambientales, a nivel local y regional.

Las siguientes mujeres jóvenes activistas feministas de América Latina y el Caribe elaboraron esta declaración / The following young feminist activists from across Latin America and the Caribbean developed this Declaration:

Areli Fraga, Centro de Apoyo para el Movimiento de Occidente, REPEM, México

Carolina Cerveira, REPEM, Brasil

Diana Senior, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Florencia Partenio, Universidad de Buenos Aires/CEILS, Argentina

Gabriela Pedetti, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay

Giovanna Modé, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Brasil

Herlinda Villarreal, REPEM, Colombia

Marcela Moreno, Centros de Estudios de la Mujer, Chile

Marianela Carvajal, Repúblika Libre, República Dominicana

Martha Rico, Centro Flora Tristán, Perú

Masaya Llavaneras, Maestría en Estudios de la Mujer, Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Nicole Bidegain, International Council for Adult Education, Uruguay

Rafaela García, Comuna Canaria, Uruguay

Rocío Salas, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú

Verónica Salinas, Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, Bolivia